Desde hace unas semanas asistimos una especie de movimiento político que, a simple vista, podría ser considerado una “revolución”. La Junta de Andalucía aprobó el 9 de abril un Decreto Ley llamado “de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”. Desde la experiencia en el sector del alquiler, estas medidas parecen oportunistas y populistas.

El alquiler de vivienda es en sí mismo un mecanismo sano y eficiente para “asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda”, y los que llevamos tiempo en el mercado como “visionarios” de su evolución lo sabemos bien, y trabajamos muy duro para convencer a los agentes implicados en el sector inmobiliario de que se está produciendo un cambio de paradigma, y de que, en los tiempos que corren el modelo de compra-venta está obsoleto y no ayuda ni mucho menos a independizarse, sino todo lo contrario: a depender de un compromiso a muy largo plazo, mientras que el alquiler nos proporciona la adaptabilidad  que necesitamos a día de hoy.

Entonces, ¿qué pasa con los que compraron hace años “como inversión”? Que después de pagar en su día mucho más de lo que realmente valía su inmueble, ahora la Junta dice que quizá llegue a expropiarle porque esa vivienda tiene que cumplir una función social.

Sin entrar en un análisis profundo podríamos decir que es una gran idea eso de recuperar la función social de la vivienda, aunque no se le ha ocurrido a la Junta, ni mucho menos. Pero si analizamos en serio las medidas no dejan de ser oportunistas y populistas. Oportunistas porque los gobiernos que se están sumando a la “corriente” andaluza de las expropiaciones están aprovechando la presión social por el drama de los alzamientos hipotecarios (que no desahucios) para hacer ver que son ellos los que le están dando la vuelta a la tortilla, y populistas porque con estas medidas pretenden hacer ver que dan solución a un problema socioeconómico que durante años han estado alimentando ellos mismos.

Los auténticos conocedores del mercado inmobiliario actual sabemos que no basta con pagar parte de la hipoteca a las familias en riesgo de exclusión social o con dar ayudas para que los inquilinos puedan pagar el alquiler, o con amenazar con una expropiación o con un impuesto más sobre lasviviendas vacías de los propietarios. Si se adaptara la legislación  y se dotara de mayor seguridad jurídica a propietarios e inquilinos acabaríamos con el auténtico estigma del alquiler: los propietarios usureros y los inquilinos morosos.  Porque ni todos los propietarios son usureros ni todos los inquilinos son morosos.

Desde mi experiencia, cuando se le ofrece al propietario una seguridad y él asume suresponsabilidad social, éste pone a disposición del mercado su vivienda a un precio justo, su precio técnico; y cuando al  inquilino se le ofrece un inmueble idóneo para vivir a ese precio justo y cierta flexibilidad, el entendimiento está asegurado.

El “problema” de la vivienda en España, por tanto, no se soluciona con “parches”, legislando en contra de un sistema que hemos creado nosotros mismos, sino legislando a favor del "nuevo sistema": el alquiler, y proporcionando la seguridad que se necesita para que estos pisos cerrados puedan cumplir con su función social.