23/04/2013
Como ya comentábamos en nuestro post de la semana pasada, la vivienda en España está en plena “revolución” y más desde que la Junta de Andalucía aprobara por decreto la expropiación de inmuebles a las entidades financieras e inmobiliarias.
Esta medida parece que están calando hondo y hemos podido saber que, de momento, dos comunidades más, Canarias y Navarra, modificarán su Ley de Vivienda para incorporar las medidas del decreto andaluz contra los desahucios.
Por su parte, Cataluña anunciaba a través del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, que para “estimular el alquiler”, los bancos e inmobiliarias tendrán que abonar una tasa proporcional al número de viviendas que tengan cerradas: "Cuando acrediten que se pone en circulación se les abonará el impuesto".
Según lo anunciado por los distintos dirigentes políticos, el objeto de la modificación de las normativas en estas comunidades, será promover medidas para fomentar el alquiler y permitir que los propietarios de viviendas vacías puedan alquilarlas con todas las garantías, además de sancionar a todas aquellas empresas u organizaciones que no atiendan a lo fijado, pero, ¿realmente funcionará?
Desde el punto de vista de los profesionales del alquiler, estas medidas son “populistas” y no favorecen en absoluto al mercado, pues parece que se legisla en contra, en vez de a favor de propietarios e inquilinos.
La principal problemática de las expropiaciones es que la demanda de alquiler social está concentrada en poblaciones de primer orden, mientras que los parques inmobiliarios de los bancos están constituidos por activos de segunda residencia, que no son idóneos para vivienda habitual porque no cuentan con los servicios necesarios, por tanto, si no va a cumplir con las necesidades sociales, ¿de que servirán?
Si lo que queremos es mantener un mercado de alquiler sano en el que no se incrementen los precios (cosa que podría ocurrir si se gravasen las viviendas vacías), debemos apostar por un modelo de vivienda social universal, inspirado en el mercado europeo del alquiler. Este modelo implicaría un cambio de paradigma inmobiliario primando la función social del alquiler sobre la función especulativa de la construcción. Fomentar el alquiler en España pasa por promover incentivos fiscales para propietarios e inquilinos.